La lucha para lograr una ley integral contra el amianto

Parece que es, después de los acontecimientos acaecidos en 2020 por la COVID-19, el momento de dar prioridad a la salud de los ciudadanos. En los últimos meses, han comenzado a aflorar y mediatizarse con más fuerza, los distintos casos de enfermedades derivados del amianto.

La ley integral del amianto

En España se estima que la cifra total de fallecidos a causa del amianto ascenderá a los 130.000 en el año 2050, estando un 40% de ellos aún por diagnosticar. Esto se debe a que la inhalación de una sola fibra de amianto ya es suficiente para provocar, en un plazo de 40 años de media, un cáncer mortal. Es más, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el amianto sería el responsable de entre el 10% y el 15% de los cánceres de pulmón en España.

Anteriormente, se pensaba que el amianto solo era peligroso cuando se manipulaba de forma indebida o cuando se rompía. Que era este hecho, lo que provocaba la expulsión de las fibras que lo componen y, por ende, la inhalación de estas por las personas que allí se encuentren. Sin embargo, distintas asociaciones nacionales han puesto de manifiesto que esto no es así. Sino que el amianto posee una vida útil de entre 30 y 35 años que, al finalizar, lo hace igual de peligroso debido al desgaste que sufre.

Entre estas asociaciones encontramos a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR, entre otras. Éstas realizaron a finales de 2020 un manifiesto dirigido al Gobierno Central para la elaboración de una Ley de Lucha Integral contra el amianto.

Propósitos a conseguir con la aprobación de la Ley contra el Amianto

Con esto se persigue llegar al Congreso de los Diputados con el fin de que se debata y se lleve a cabo dicha ley. Entre los propósitos de ella encontramos que se pretende que se realicen:

Acciones de sensibilización social y formación para que tanto los trabajadores, como los ciudadanos, sean conscientes de los riesgos que conlleva la exposición al amianto.
La elaboración de un censo de los trabajadores que hayan estado expuestos al amianto para poder detectar de manera temprana aquellas enfermedades derivadas de la exposición.
La creación de un censo del amianto instalado en España, así como aquellas cantidades de amianto que han sido vertidas ilegalmente en entornos rurales y urbanos; con el fin de proceder a su identificación y retirada urgente.
Un plan específico de actuación urgente para la retirada de las toneladas de amianto que se encuentran en los terrenos de antiguas fábricas que trabajaban con dicho material. Como son los casos de Santa María de Benquerencia (Toledo), Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y el Polígono Industrial los Ángeles (Madrid).
Un programa de indemnizaciones a los trabajadores afectados por el amianto, así como a sus familias.

Normativa vigente desactualizada

La normativa vigente sobre amianto en España se encuentra desactualizada, ya que lo más reciente es el Real Decreto 396/2006. En este, se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de amianto. Mientras que las normativas al respecto que se han ido realizando desde entonces están relacionadas con el transporte de este tipo de residuos.

Asimismo, la Unión Europea ha avisado de la necesidad de erradicar todo el amianto antes del año 2032. Existiendo ya países como Polonia y Lituania que están llevando a cabo distintas actuaciones de desamiantado gracias a la financiación de los Fondos Estructurales de la UE. Esto, evidentemente, no está siendo llevado a cabo por España. Por ello, es necesario que dicha propuesta se acepte y se ponga en vigor para garantizar el bienestar social.