¿Jubilación anticipada para los extrabajadores del amianto?
Actualmente, en España hay ciertas profesiones en las que, debido a los riesgos que estas conllevan, se permite la jubilación anticipada de sus trabajadores desde hace décadas. Policías locales, profesionales taurinos, mineros o bomberos, son algunas de estos empleos. Sin embargo, aquellos trabajadores que tuvieron contacto con el amianto siguen hoy día sin poder jubilarse de manera anticipada, a pesar de que tratar con este material suponga un gran riesgo para su salud.
En el Manifiesto por una ley Integral del amianto se mencionaban los llamados “coeficientes reductores de jubilación en el ámbito laboral”, los cuales se constituían como uno de los ejes centrales de dicho manifiesto. Este fue publicado en marzo de este año e impulsado por varias asociaciones y expertos relacionados con el asbesto. Desde entonces, cada vez se está más cerca de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la cual, supuestamente, abarcaría varios aspectos relacionados con el amianto. Aunque lo que respecta a las pensiones y la jubilación anticipada se realizaría de forma independiente a esta ley.
Recientemente, representantes de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC) se reunieron con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dicha reunión tenía como objetivo impulsar cuanto antes el acceso anticipado a la jubilación de aquellos trabajadores con exposición al amianto. Ya que, al igual que ocurre con las actividades mencionadas anteriormente, los trabajos relacionados con el amianto supusieron, y suponen, un alto riesgo. La diferencia radica en que cuando un torero o un policía local se jubilan, el riesgo se da por finalizado. Mientras que las fibras de amianto inhaladas son para toda la vida.
Creación de un fondo público de compensación
Asimismo, otro de los temas tratados fue la creación de un fondo público de compensación para dichos trabajadores. Esto se debe a las dificultades que encuentras las víctimas del amianto para recibir las compensaciones e indemnizaciones correspondientes por parte de las empresas responsables. En ciudades como Cerdanyola (Barcelona) o Ferrol (La Coruña), las cuales tuvieron una actividad industrial relacionada con el amianto muy alta, son comunes las demandas a empresas como Uralita S.A. de antiguos trabajadores. No obstante, estas suelen agotar todos los recursos legales para evitar pagar, alargar el pago o pagar lo mínimo posible.
Gracias a ese fondo público de indemnización, que ya se encuentra en países como Francia, se conseguiría estar más cerca de una justicia social hacia estos trabajadores. Se debe tener en cuenta que el Estado ha sido responsable, en cierta parte, del daño causado por el amianto en España. Por ello, en vista de la negativa de las empresas y la lentitud del sistema judicial, sería una oportunidad para remediar, en la medida de lo posible, esta situación.
Distintos estudios estiman que anualmente se producen en España alrededor de 1.900 muertes a causa del amianto exclusivamente. Mientras que otros afirman que son unas 7.000 defunciones anuales las que provoca el amianto en España. Desde una perspectiva global se cree que la cifra supera los cien mil casos. Por lo que nos encontramos ante una problemática que no finalizó con la prohibición del amianto en España en 2002. Sino que se sigue prolongando en el presente debido a los largos periodos de latencia de las enfermedades que provoca.
El daño a los antiguos trabajadores con amianto está ya más que hecho. Ahora, el Estado lo único que puede hacer es mitigar las secuelas de ello. Poco a poco parece haber una mayor concienciación política y social con respecto al asbesto. La actualidad demuestra las muchas medidas que se debaten en el congreso y que, afortunadamente, parecen estar más cerca.